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¿Cómo se castiga penalmente la mendicidad infantil en Colombia?

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En Colombia, la mendicidad infantil es una problemática social compleja que afecta de manera significativa los derechos fundamentales de los niños y niñas. Esta práctica se asocia, en muchos casos, con la pobreza, la exclusión social, y, más recientemente, con el fenómeno migratorio que involucra a familias en situaciones de vulnerabilidad. Frente a esta realidad, el sistema jurídico colombiano ha establecido medidas legales para castigar penalmente esta explotación infantil y proteger a los menores involucrados. En este artículo, abordaremos cómo la ley colombiana sanciona la mendicidad infantil, además de los instrumentos normativos y mecanismos de protección vigentes.

El marco jurídico: Código Penal y Código de la Infancia y Adolescencia

El Código Penal colombiano, reformado por la Ley 1453 de 2011, establece sanciones severas para quienes utilicen a menores de edad en actividades de mendicidad. De acuerdo con el Código Penal, el que utilice, instrumentalice o mendigue con menores de edad, directamente o a través de terceros, incurre en una pena de tres a siete años de prisión. Esta sanción no solo busca disuadir a quienes explotan a los menores, sino que también prevé que los menores implicados sean puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de restablecer sus derechos.

Además, si el responsable de esta práctica es un pariente del menor, como un familiar cercano (hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad), la pena se incrementa en un 50%. Esta disposición refleja el agravante que constituye la participación de familiares en la explotación de los niños y niñas.

Por otro lado, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece que los menores de edad deben estar protegidos contra toda forma de explotación económica, incluyendo la mendicidad. El artículo 20, numeral 2, de esta ley indica que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos específicamente contra la utilización en actividades de mendicidad, reforzando el marco de protección integral que el Estado debe garantizar.

Restablecimiento de derechos de los menores

En los casos de menores involucrados en situaciones de mendicidad, no solo se persigue y sanciona a los responsables, sino que se activan mecanismos de protección para garantizar el bienestar del menor. El ICBF desempeña un rol crucial en este proceso, proporcionando medidas de restablecimiento de derechos, que incluyen la retirada del menor del entorno de explotación y su incorporación a programas de protección y asistencia social.

El Sistema Nacional de Bienestar Familiar coordina con diversas instituciones para garantizar que los niños afectados por la mendicidad reciban el apoyo necesario, lo que puede incluir atención psicosocial, acceso a la educación y servicios de salud. Además, el sistema busca trabajar con las familias para prevenir futuras situaciones de vulneración de derechos, implementando programas de acompañamiento y fortalecimiento familiar.

Acciones preventivas y estrategias gubernamentales

En el ámbito preventivo, el gobierno colombiano, a través de diferentes entidades como la Policía de Infancia y Adolescencia y la Secretaría Distrital de Integración Social, ha implementado acciones articuladas para prevenir y mitigar la mendicidad infantil. Un ejemplo de ello son las Estrategias Móviles de Protección Integral (EMPI), que buscan identificar a los niños en riesgo de explotación y ofrecer soluciones inmediatas para restablecer sus derechos.

Estas estrategias incluyen jornadas de búsqueda activa, sensibilización y vinculación de los menores y sus familias a los servicios distritales, como albergues y programas educativos. El objetivo de estas acciones es brindar un entorno seguro para los menores y evitar que continúen en situaciones de mendicidad o explotación laboral .

Factores que perpetúan la mendicidad infantil

Existen varios factores que contribuyen a la permanencia de la mendicidad infantil en Colombia. Uno de los más destacados es la pobreza extrema, que obliga a muchas familias a recurrir a la mendicidad como una forma de subsistencia. Asimismo, la falta de acceso a empleos formales y la carencia de redes de apoyo agravan la situación, especialmente en el caso de las familias migrantes y desplazadas por el conflicto armado.

El flujo migratorio, especialmente de familias venezolanas, ha exacerbado el fenómeno de la mendicidad infantil. Muchas de estas familias enfrentan barreras de acceso a servicios básicos, lo que las deja en situaciones de vulnerabilidad que terminan afectando a sus hijos, quienes son expuestos a condiciones de mendicidad y trabajo infantil. La situación de migrantes y desplazados en Colombia refleja la necesidad de políticas públicas más inclusivas y coordinadas para atender a esta población .

Desafíos en la erradicación de la mendicidad infantil

A pesar de los avances legislativos y los esfuerzos gubernamentales, la erradicación de la mendicidad infantil sigue siendo un desafío en Colombia. Las políticas públicas de infancia y adolescencia no siempre han logrado llegar a todos los sectores afectados, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables. Además, la falta de un censo actualizado de la población en situación de mendicidad infantil dificulta la implementación de estrategias efectivas y focalizadas para abordar esta problemática .

La mendicidad infantil también está ligada a otras formas de vulneración de derechos, como el trabajo infantil y la trata de personas, lo que requiere una articulación intersectorial más sólida entre las entidades estatales, las familias y la sociedad en general. Es fundamental continuar fortaleciendo los mecanismos de protección y las políticas de prevención para garantizar que ningún niño en Colombia sea utilizado en actividades de mendicidad o explotación económica.

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